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¿Cuáles son los requisitos para disolver un concubinato en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el acuerdo de ambas partes o, en caso de desacuerdo, la intervención de un juez para determinar las condiciones de la disolución.
¿Qué es el delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que perturbe, altere o ponga en peligro el orden público, la tranquilidad ciudadana o el funcionamiento regular de las instituciones y servicios públicos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del atentado y sus consecuencias.
¿Qué es el delito de acoso callejero en el derecho penal mexicano?
El delito de acoso callejero en el derecho penal mexicano se refiere al hostigamiento, comentarios obscenos, gestos obscenos o cualquier otra conducta de naturaleza sexual que se realiza en espacios públicos y que cause incomodidad o intimidación a la víctima, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del grado de acoso y las circunstancias del caso.
¿Cómo se regulan las ventas a plazos o a crédito en México?
Las ventas a plazos o a crédito en México están sujetas a regulaciones específicas, como la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para proteger a los consumidores.
¿Cómo pueden las organizaciones en México proteger sus sistemas de gestión de proyectos contra el robo de información confidencial?
Las organizaciones en México pueden proteger sus sistemas de gestión de proyectos contra el robo de información confidencial mediante la implementación de controles de acceso estrictos, la monitorización de la actividad del usuario, y la encriptación de datos sensibles almacenados y transmitidos a través del sistema.
¿Cuál es el rol de la Defensoría Pública en el sistema de justicia mexicano?
La Defensoría Pública tiene la función de brindar asesoría legal y representación gratuita a aquellas personas que no pueden pagar un abogado particular, garantizando así el acceso a la justicia para todos, independientemente de su situación económica.
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