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¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de extorsión en México?
Los delitos de extorsión se investigan y persiguen por las autoridades. Las víctimas suelen colaborar en la identificación de los extorsionadores, y se busca detenerlos y procesarlos legalmente.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de riesgos de liquidez en las instituciones financieras mexicanas?
Para proteger los sistemas de gestión de riesgos de liquidez en las instituciones financieras mexicanas, se realizan proyecciones de flujo de efectivo, se establecen reservas de capital adecuadas, y se mantienen líneas de crédito de emergencia para hacer frente a situaciones de estrés financiero y garantizar la solvencia de la institución.
¿Qué es el delito de apología del delito en el derecho penal mexicano?
El delito de apología del delito en el derecho penal mexicano se refiere a la promoción, el elogio o la exaltación de conductas delictivas, violentas o criminales, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de apología y las circunstancias del caso.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de deportación?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de deportación. Se busca garantizar su trato digno, respeto a sus derechos humanos, y se brinda asistencia y apoyo para su reintegración en la sociedad.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la energía nuclear en México?
Las principales leyes son la Ley de Energía Nuclear, el Reglamento de la Ley de Energía Nuclear, la Ley de Responsabilidad Ambiental en Materia Nuclear, y otras disposiciones específicas relacionadas con la energía nuclear.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con la educación y formación en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con la educación y formación en México está regulada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la PROFECO, garantizando la transparencia en costos y servicios ofrecidos a los estudiantes.
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