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¿Qué es el delito de usurpación en el derecho penal mexicano?
El delito de usurpación en el derecho penal mexicano consiste en apoderarse o ejercer el control ilegal sobre un bien inmueble, terreno, propiedad o derecho ajeno, sin consentimiento del titular legítimo, y está penado con medidas de restitución, indemnización y en algunos casos prisión, dependiendo de las circunstancias y la gravedad del hecho.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la receptación en México?
La receptación, que implica comprar, recibir o poseer bienes robados o provenientes de actividades ilícitas, se considera un delito en México. Las penas por receptación pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de restituir los bienes a su legítimo propietario. Se promueve la lucha contra el comercio ilegal y se implementan acciones para prevenir y sancionar la receptación.
¿Qué riesgos plantea el uso de aplicaciones móviles bancarias en términos de seguridad?
El uso de aplicaciones móviles bancarias puede plantear riesgos de seguridad como el malware, phishing, robo de dispositivos y vulnerabilidades en la conexión a redes Wi-Fi públicas, lo que requiere medidas de protección adicionales, como autenticación multifactor y cifrado de datos.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en la promoción de la transparencia y acceso a la información en México?
La Secretaría de la Función Pública juega un papel importante en la promoción de la transparencia y el acceso a la información en México. Es responsable de promover la cultura de la transparencia, supervisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información gubernamental.
¿Cuáles son los requisitos para disolver un concubinato en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el acuerdo de ambas partes o, en caso de desacuerdo, la intervención de un juez para determinar las condiciones de la disolución.
¿Quién puede solicitar un embargo en México?
Un embargo en México puede ser solicitado por una parte perjudicada, generalmente un acreedor que ha obtenido un fallo judicial o una resolución que establece una deuda pendiente. También, algunas autoridades fiscales y administrativas pueden ordenar embargos en casos de deudas fiscales.
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