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¿Cuáles son las consecuencias legales del ciberacoso en México?
El ciberacoso, también conocido como acoso en línea o cyberbullying, es un delito que afecta principalmente a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En México, el ciberacoso se considera un delito y puede tener consecuencias legales, como sanciones penales, multas y medidas de protección para la víctima. Se promueve la educación digital y se implementan acciones para prevenir y combatir el ciberacoso.
¿Cuál es la importancia de la revisión periódica y la actualización de políticas de cumplimiento en empresas mexicanas?
La revisión y actualización periódica de las políticas de cumplimiento es esencial para adaptarse a cambios en las leyes y regulaciones en México, garantizando que la empresa siga cumpliendo con los requisitos legales actuales.
¿Qué es el INE y cuál es su función en México?
El INE (Instituto Nacional Electoral) es el organismo encargado de la organización y supervisión de los procesos electorales en México, así como de la expedición de la credencial para votar.
¿Qué es la acción de enriquecimiento injusto en el derecho civil mexicano?
La acción de enriquecimiento injusto es el derecho que tiene una persona para reclamar la restitución de un beneficio obtenido por otra persona de manera indebida, sin causa legal que justifique dicho enriquecimiento.
¿Puedo utilizar mi cédula de identidad personal como documento de identificación para obtener servicios de telefonía móvil en México?
Sí, la cédula de identidad personal puede ser utilizada como documento de identificación válido para obtener servicios de telefonía móvil en México, junto con otros requisitos y contratos establecidos por el proveedor de servicios.
¿Qué es el delito de tráfico de influencias en las licitaciones públicas en el derecho penal mexicano?
El delito de tráfico de influencias en las licitaciones públicas en el derecho penal mexicano se refiere a la utilización indebida de la influencia o posición de una persona para obtener beneficios ilícitos en procesos de contratación pública, como la manipulación de concursos o la adjudicación irregular de contratos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de tráfico y las consecuencias para la administración pública.
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