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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión de la seguridad económica en México?
Las principales leyes son la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley del Banco de México, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Inversión Extranjera, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión de la seguridad económica.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de oposición de tercería en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar que se es propietario del bien embargado, que dicho bien no es propiedad del deudor ejecutado, y que se ejerza dentro del plazo establecido por la ley.
¿Qué es el derecho de la gestión de telecomunicaciones en México?
El derecho de la gestión de telecomunicaciones regula las relaciones jurídicas derivadas de la prestación, regulación, uso y acceso a los servicios de telecomunicaciones, como telefonía, internet, televisión, radio, estableciendo normativas para promover la competencia, la universalización del servicio, la protección de usuarios y la seguridad en las comunicaciones en México.
¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad de las pruebas presentadas en casos de extradición en México?
Se establecen controles y protocolos de cadena de custodia para garantizar la integridad de las pruebas presentadas durante el proceso de extradición, evitando su manipulación o alteración.
¿Qué papel juegan las fintech en el panorama de seguridad bancaria en México?
Las fintech están transformando el panorama de seguridad bancaria en México al ofrecer soluciones innovadoras, como sistemas de identificación biométrica, análisis predictivo de riesgos y tecnología blockchain, que pueden fortalecer la seguridad y la confianza en el sistema financiero.
¿Qué acciones se están tomando para mejorar el acceso a la justicia para personas en situación de pobreza en México?
Se están implementando acciones para mejorar el acceso a la justicia para personas en situación de pobreza en México, como la ampliación de servicios legales gratuitos o subsidiados, la creación de defensorías públicas especializadas, la promoción de programas de asistencia legal y orientación jurídica, y la sensibilización sobre los derechos y recursos disponibles para personas en situación de vulnerabilidad económica.
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