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Para proteger los sistemas de gestión de riesgos de liquidez en las instituciones financieras mexicanas, se realizan proyecciones de flujo de efectivo, se establecen reservas de capital adecuadas, y se mantienen líneas de crédito de emergencia para hacer frente a situaciones de estrés financiero y garantizar la solvencia de la institución.
¿Cómo se combate la trata de personas con fines de explotación sexual en México?
La trata de personas con fines de explotación sexual se combate a través de la identificación de víctimas, la desarticulación de redes de tráfico de personas y la protección de los derechos de las víctimas.
¿Existe la posibilidad de solicitar un embargo en México sin una orden judicial?
México En México, generalmente se requiere una orden judicial para solicitar y llevar a cabo un embargo. La autoridad competente debe evaluar los fundamentos y pruebas presentadas por el acreedor antes de emitir la orden de embargo. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las cuales se puede solicitar un embargo preventivo sin una orden judicial, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se justifique la urgencia de la medida.
¿Cuál es la posición de México respecto a la crisis en Venezuela?
México ha abogado por una solución democrática y pacífica a la crisis en Venezuela, respaldando los esfuerzos de mediación y diálogo entre las partes involucradas. Reconoce la importancia de la comunidad internacional en apoyar una salida negociada y respetuosa de la soberanía venezolana.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del robo de identidad en línea en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención del robo de identidad en línea en México al verificar la identidad de las personas que acceden a servicios en línea, reduciendo así el riesgo de robo de identidad y fraude en línea.
¿Qué es el delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos en el derecho penal mexicano?
El delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos en el derecho penal mexicano se refiere al aumento injustificado del patrimonio de un funcionario o servidor público, que no pueda ser justificado con sus ingresos lícitos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, así como con la confiscación de los bienes obtenidos ilícitamente.
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