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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la seguridad pública en México?
Las principales leyes son la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la seguridad pública.
¿Cómo se regulan las ventas de bienes en línea a través de plataformas de comercio electrónico en México?
Las ventas de bienes en línea a través de plataformas de comercio electrónico en México deben cumplir con regulaciones de comercio electrónico, protección al consumidor y respetar las leyes fiscales.
¿Cuál es el papel de las empresas de consultoría en la asesoría sobre verificación de listas de riesgos en México?
Las empresas de consultoría desempeñan un papel importante en la asesoría sobre verificación de listas de riesgos en México al proporcionar orientación y capacitación especializada a otras empresas y entidades gubernamentales. Ayudan a desarrollar políticas y procedimientos de cumplimiento, implementar soluciones tecnológicas y garantizar que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son los plazos de garantía legal en un contrato de venta en México?
En México, la garantía legal en un contrato de venta es de 180 días para bienes nuevos y 90 días para bienes usados, a menos que las partes acuerden plazos diferentes.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la venta de bienes raíces en México?
La venta de bienes raíces en México puede generar obligaciones fiscales, como el pago de ISR por ganancias de capital. Existen exenciones y deducciones que pueden aplicar en ciertas circunstancias, pero es importante cumplir con las normativas fiscales correspondientes.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar el acceso a la justicia para personas en situación de reclusión en México?
Se están implementando medidas para garantizar el acceso a la justicia para personas en situación de reclusión en México, como la provisión de servicios legales gratuitos, la capacitación de defensores públicos en derechos humanos, la supervisión de condiciones de detención y respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, y la promoción de medidas alternativas al encarcelamiento.
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