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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas en casos de extradición en México?
Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los pueblos indígenas en casos de extradición en México, asegurando su participación en el proceso judicial y el respeto a sus tradiciones y cultura.
¿Cuáles son los plazos de prescripción en casos de derecho de familia en México?
Los plazos de prescripción en asuntos de derecho de familia varían según el caso. Por ejemplo, para reclamar pensión alimenticia, el plazo es de 5 años, pero para la impugnación de paternidad, puede ser de 2 años. Es importante consultar con un abogado para casos específicos.
¿Qué diferencias existen entre una persona física y una persona moral en cuanto a antecedentes fiscales en México?
En México, las personas físicas y morales tienen diferentes obligaciones fiscales. Las personas físicas deben presentar declaraciones de impuestos como el ISR (Impuesto Sobre la Renta), mientras que las personas morales deben cumplir con el ISR y el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y presentar estados financieros auditados en algunos casos.
¿Cuánto tiempo permanecen los antecedentes judiciales en México?
En México, los antecedentes judiciales generalmente permanecen de por vida, a menos que se solicite su cancelación o expungación legalmente. Es importante destacar que, incluso si los antecedentes se cancelan, es posible que algunas autoridades tengan acceso a ellos en determinadas circunstancias.
¿Qué medidas se toman para proteger la privacidad de los individuos solicitados en extradición en México?
Se implementan medidas para proteger la privacidad y datos personales de los individuos solicitados en extradición, evitando su divulgación indebida y resguardando su integridad.
¿Cuál es el impacto de la Ley General de Archivos en la gestión de expedientes judiciales en México?
La Ley General de Archivos en México ha tenido un impacto en la gestión de expedientes judiciales al establecer reglas y estándares para la conservación, acceso y gestión de documentos oficiales, incluyendo los expedientes judiciales. La ley promueve la eficiencia en la administración de archivos, la transparencia y la preservación de la memoria documental del país. La implementación de esta ley afecta la manera en que los tribunales gestionan y mantienen sus expedientes.
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