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¿Cuál es la diferencia entre la prenda y la hipoteca en México
La diferencia principal entre la prenda y la hipoteca en México radica en el tipo de bienes que pueden ser objeto de garantía. Mientras que la prenda recae sobre bienes muebles, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles.
¿Cuál es el papel de las instituciones de procuración de justicia en la prevención y combate de la corrupción en México?
Las instituciones de procuración de justicia tienen un papel fundamental en la prevención y combate de la corrupción en México mediante la investigación y persecución de delitos de corrupción, la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, la cooperación con instancias anticorrupción, y la promoción de una cultura de legalidad y ética en el ejercicio de la función pública.
¿Puede el arrendador imponer cláusulas de exclusividad en el contrato en México?
El arrendador puede imponer cláusulas de exclusividad en el contrato, que prohíben al arrendatario realizar ciertas actividades o negocios en la propiedad que compitan con otros inquilinos en el mismo lugar. Estas cláusulas deben estar claramente especificadas en el contrato.
¿Cómo se gestionan los riesgos legales y de cumplimiento asociados con la subcontratación de servicios (outsourcing) en México?
La gestión de riesgos legales y de cumplimiento en la subcontratación de servicios en México implica la revisión y negociación de contratos, la supervisión continua y la alineación con regulaciones laborales y fiscales, como la Ley Federal del Trabajo y el SAT.
¿Qué impacto tienen las sanciones a contratistas en la economía mexicana?
Las sanciones a contratistas pueden tener un impacto significativo en la economía mexicana al afectar la competitividad de las empresas, aumentar los costos de los proyectos gubernamentales y disminuir la confianza en el sector empresarial.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Defensoría Pública en México?
La Secretaría de la Defensoría Pública es la entidad encargada de brindar asistencia jurídica gratuita a las personas que no pueden costear sus propios servicios legales. Su función principal es garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad procesal y la protección de los derechos fundamentales.
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