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¿Cómo pueden las PEP en México proteger su reputación y asegurarse de cumplir con las regulaciones de manera efectiva?
Las PEP pueden promover la transparencia, colaborar con instituciones financieras y las autoridades, mantener registros precisos y buscar asesoramiento legal para mantener su reputación y cumplir con las regulaciones.
¿Cuáles son los requisitos para que opere la prescripción extintiva en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el transcurso del tiempo establecido por la ley, que la persona titular del derecho no haya ejercido acciones para hacerlo valer y que se cumplan las demás condiciones legales.
¿Cuál es el plazo máximo de la prisión preventiva en el derecho penal mexicano?
El plazo máximo de la prisión preventiva en el derecho penal mexicano es de dos años, aunque puede ser prorrogado en casos excepcionales debidamente justificados.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger su información personal al utilizar aplicaciones de transporte compartido en México?
Los ciudadanos pueden proteger su información personal al utilizar aplicaciones de transporte compartido en México revisando y limitando los permisos de la aplicación, utilizando métodos de pago seguros, y evitando compartir información confidencial o sensible con conductores o usuarios desconocidos.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para el sector turístico en México?
México En México, las opciones de financiamiento para el sector turístico incluyen programas de apoyo gubernamental a través de instituciones como Nacional Financiera (NAFIN) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), así como el acceso a créditos bancarios, fondos de inversión especializados en turismo y programas de coinversión con el sector privado.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la estafa piramidal en México?
La estafa piramidal, también conocida como esquema Ponzi, es un delito que involucra la promesa de altos rendimientos financieros basados en la incorporación de nuevos participantes. En México, la estafa piramidal se considera un delito y puede tener consecuencias legales, como sanciones penales, multas y la obligación de reparar los daños causados a los afectados. Se promueve la educación financiera y la detección temprana de este tipo de fraudes.
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