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La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de datos y la privacidad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México?
Se toman medidas para garantizar la protección de datos y la privacidad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México, como la limitación de la divulgación de información confidencial y la adhesión a regulaciones de privacidad.
¿Cuáles son los requisitos para disolver una unión de hecho en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el acuerdo de ambas partes o, en caso de desacuerdo, la intervención de un juez para determinar las condiciones de la disolución.
¿Cómo pueden las empresas en México proteger sus sistemas de gestión de inventario contra el acceso no autorizado de competidores?
Las empresas en México pueden proteger sus sistemas de gestión de inventario contra el acceso no autorizado de competidores mediante la implementación de controles de acceso basados en roles, la monitorización de la actividad del usuario y la restricción de acceso a información confidencial solo a personal autorizado.
¿Cuáles son las principales amenazas de seguridad cibernética para el sector de la salud en México?
Las principales amenazas de seguridad cibernética para el sector de la salud en México incluyen el robo de datos médicos confidenciales, la interrupción de servicios médicos digitales, el ransomware dirigido a hospitales y clínicas, y la manipulación de sistemas de información de salud para obtener beneficios financieros ilegales.
¿Qué es el delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos en el derecho penal mexicano?
El delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos en el derecho penal mexicano se refiere al aumento injustificado del patrimonio de un funcionario o servidor público, que no pueda ser justificado con sus ingresos lícitos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, así como con la confiscación de los bienes obtenidos ilícitamente.
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