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¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de fuga de información confidencial en México?
La fuga de información confidencial, que implica la divulgación no autorizada de datos o información protegida, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, multas y la protección de los derechos de propiedad intelectual o empresarial afectados. Se promueve la seguridad de la información y se implementan medidas para prevenir y sancionar la fuga de información confidencial.
¿Los antecedentes judiciales en México incluyen información sobre delitos cometidos por menores de edad?
No, los antecedentes judiciales en México generalmente no incluyen información sobre delitos cometidos por menores de edad. La legislación y los procedimientos relacionados con los delitos juveniles están regulados por el sistema de justicia para adolescentes, que mantiene registros separados.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta en situaciones de huelgas o conflictos laborales en México?
Los contratos de venta en situaciones de huelgas o conflictos laborales pueden verse afectados por retrasos en la entrega y cambios en las condiciones de producción, y deben cumplir con las leyes laborales y acuerdos sindicales.
¿Cuál es el plazo máximo de la prisión preventiva en el derecho penal mexicano?
El plazo máximo de la prisión preventiva en el derecho penal mexicano es de dos años, aunque puede ser prorrogado en casos excepcionales debidamente justificados.
¿Cómo se regula el uso de dinero electrónico en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de dinero electrónico está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las plataformas de dinero electrónico deben cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y el seguimiento de transacciones para prevenir el uso indebido de estos servicios.
¿Cómo se determina la competencia judicial en casos de extradición en México?
La competencia judicial en casos de extradición en México se determina de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales, que definen las autoridades responsables de evaluar y decidir sobre las solicitudes de extradición.
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