Artículos recomendados
¿Puede un tercero solicitar el acceso a expedientes judiciales en México?
Sí, en ciertas circunstancias, un tercero puede solicitar el acceso a expedientes judiciales en México. Sin embargo, generalmente se requiere una razón válida y la aprobación de un tribunal para obtener este acceso.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de invertir en el mercado de valores en México?
México Al invertir en el mercado de valores en México, es importante considerar las implicaciones fiscales, como el pago de impuestos sobre las ganancias de capital, los dividendos y los intereses generados por las inversiones. Además, se deben tener en cuenta las reglas y regulaciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Puedo solicitar los antecedentes judiciales de una persona si soy su arrendador en México?
Como arrendador en México, no tienes acceso directo a los antecedentes judiciales de tus inquilinos. Sin embargo, puedes solicitar información adicional, como referencias o comprobantes de ingresos, como parte del proceso de selección y evaluación de los inquilinos.
¿Qué derechos protege el artículo 34 de la Constitución Mexicana en materia de ciudadanía?
El artículo 34 de la Constitución Mexicana establece los requisitos para adquirir la ciudadanía mexicana por nacimiento y por naturalización, así como las prerrogativas y obligaciones que implica la ciudadanía.
¿Qué es el delito de difusión de pornografía infantil en el derecho penal mexicano?
El delito de difusión de pornografía infantil en el derecho penal mexicano se refiere a la producción, distribución, exhibición o posesión de material pornográfico que involucre a menores de edad, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de participación y las circunstancias del caso.
¿Es obligatorio registrar un contrato de arrendamiento en México?
No es obligatorio, pero es recomendable registrar el contrato ante una autoridad competente para tener mayor seguridad jurídica y proteger los derechos de las partes.
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