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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión de la seguridad informática en México?
Las principales leyes son la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Ciberseguridad Nacional, el Código Penal Federal, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión de la seguridad informática.
¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos en la cadena de suministro en México?
La gestión de riesgos en la cadena de suministro es esencial en la debida diligencia en México, especialmente si la empresa depende de proveedores y socios. Se deben identificar riesgos en la cadena de suministro, como interrupciones, retrasos o problemas de calidad, y desarrollar planes de contingencia para mitigar estos riesgos. Además, es importante considerar la diversificación de proveedores y la robustez de la cadena de suministro en situaciones adversas.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la sensibilización sobre el fraude por internet en México?
Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la sensibilización sobre el fraude por internet en México al informar sobre casos de fraude, compartir consejos de seguridad y educar al público sobre cómo protegerse contra estafas en línea.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los solicitantes de asilo en casos de extradición en México?
Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los solicitantes de asilo en casos de extradición en México, asegurando que se respeten los principios de no devolución y el derecho internacional humanitario.
¿Puedo utilizar mi credencial para votar como documento de identificación en México?
Sí, la credencial para votar es ampliamente aceptada como documento de identificación en México.
¿Qué es el delito de despojo en el derecho penal mexicano?
El delito de despojo en el derecho penal mexicano consiste en privar a una persona de la posesión pacífica de un bien mueble o inmueble mediante violencia, engaño, abuso de confianza o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, y está penado con medidas de restitución, indemnización y en algunos casos prisión, según las circunstancias y el grado de violencia utilizado.
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