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¿Cuál es la legislación principal en México relacionada con el AML?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la legislación clave en México. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras y otras entidades para prevenir y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero.
¿Qué es el Registro Nacional de Procesados y Sentenciados en México?
El Registro Nacional de Procesados y Sentenciados (RENAPO) en México es una base de datos que contiene información sobre las personas que han estado involucradas en procesos judiciales y han sido sentenciadas por un tribunal. Esta base de datos es utilizada por las autoridades judiciales y de seguridad en el país para verificar los antecedentes de las personas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector energético en México?
La CNH es responsable de regular y supervisar actividades en la industria de hidrocarburos en México, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones ambientales, de seguridad y de comercio en el sector energético.
¿Qué papel juega la tecnología en la identificación y monitoreo de PEP en el sector financiero?
La tecnología desempeña un papel fundamental al permitir la automatización de procesos de identificación y monitoreo de PEP, lo que agiliza el cumplimiento de las regulaciones.
¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la reputación y la marca de una empresa en el mercado en México?
El incumplimiento normativo puede tener un impacto devastador en la reputación y la marca de una empresa. Los escándalos de cumplimiento pueden dañar la confianza de los consumidores y afectar la lealtad de la marca, lo que puede tener consecuencias financieras a largo plazo.
¿Qué desafíos específicos enfrentan las instituciones financieras en México en cuanto al KYC?
Algunos desafíos específicos en México incluyen la diversidad de documentos de identidad emitidos por diferentes entidades gubernamentales, la necesidad de combatir el fraude documental y la adaptación a las regulaciones cambiantes, entre otros.
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