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¿Qué sectores económicos son más propensos al lavado de activos en México?
Los sectores que suelen ser más propensos al lavado de activos en México incluyen la construcción, el sector inmobiliario, el juego y casinos, así como el comercio internacional.
¿Cuáles son las regulaciones sobre el trabajo a domicilio en México?
El trabajo a domicilio en México está regulado por la Ley Federal del Trabajo y requiere que los empleadores cumplan con ciertas disposiciones, como establecer un contrato por escrito y proporcionar los materiales y equipos necesarios. Además, el trabajo a domicilio no debe afectar las condiciones de seguridad y salud del trabajador.
¿Cómo se gestionan los derechos de propiedad intelectual en contratos de venta en México?
Los contratos de venta que involucran propiedad intelectual en México deben especificar claramente la transferencia de derechos y pueden incluir cláusulas de protección de propiedad intelectual.
¿Cuál es el impacto de la digitalización de expedientes judiciales en la reducción del uso de papel en México?
La digitalización de expedientes judiciales en México ha tenido un impacto significativo en la reducción del uso de papel en los procesos legales. Esto contribuye a la sostenibilidad y ahorra recursos, al tiempo que agiliza la administración de documentos. Además, la digitalización facilita el acceso remoto a la información, lo que ha demostrado ser especialmente útil en situaciones como la pandemia de COVID-19.
¿Cuál es la función de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en la lucha contra el lavado de activos?
La UIF es la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos en México. Supervisa las transacciones financieras y reporta actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.
¿Qué agencias o autoridades pueden ordenar embargos en México?
En México, diversas agencias y autoridades pueden ordenar embargos, dependiendo del tipo de deuda. Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pueden embargar bienes por deudas fiscales, mientras que los tribunales y autoridades judiciales pueden hacerlo en casos civiles o laborales.
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