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¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las medidas de protección para las víctimas de violencia de género en México?
México ha implementado medidas de protección para víctimas de violencia de género, como órdenes de restricción, refugios seguros y servicios de asesoramiento y apoyo psicológico.
¿Qué medidas preventivas pueden tomar los contratistas en México para evitar sanciones?
Los contratistas en México pueden tomar medidas preventivas como cumplir rigurosamente con los contratos, mantener registros financieros precisos, implementar políticas de cumplimiento y ética, y capacitar a su personal en regulaciones y leyes aplicables.
¿Cuál es la diferencia entre un embargo por deuda comercial y un embargo por deuda laboral en México?
Un embargo por deuda comercial en México se relaciona con obligaciones financieras entre empresas o con proveedores, mientras que un embargo por deuda laboral implica el incumplimiento de pagos salariales o prestaciones a empleados. Los procedimientos y regulaciones son diferentes en cada caso.
¿Cómo se regula el uso de efectivo y transacciones en efectivo en México para prevenir el lavado de dinero?
El uso de efectivo y transacciones en efectivo en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Existen límites en las transacciones en efectivo y se requiere que las instituciones financieras informen sobre transacciones grandes y sospechosas. Esto ayuda a rastrear y prevenir el lavado de dinero que involucra efectivo.
¿Cómo se gestionan los expedientes judiciales electrónicos en México?
Los expedientes judiciales electrónicos en México se gestionan a través de sistemas de gestión documental y se almacenan en servidores seguros. Se utilizan medidas de seguridad electrónica, como contraseñas y cifrado, para proteger la información. El acceso a estos expedientes se controla cuidadosamente y se realiza a través de plataformas autorizadas. La digitalización mejora la eficiencia en la administración de expedientes judiciales.
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