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¿Puede el arrendador exigir un depósito de garantía excesivamente alto en México?
El depósito de garantía debe ser razonable y no excesivo. No hay un monto fijo establecido por la ley, pero debe estar en proporción a la renta y no debe ser utilizado para cubrir rentas futuras no vencidas. El depósito de garantía debe ser acordado por ambas partes en el contrato.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo por deuda civil y un embargo por deuda fiscal en México?
Un embargo por deuda civil en México está relacionado con incumplimientos de obligaciones financieras no fiscales, como préstamos o facturas no pagadas. En contraste, un embargo por deuda fiscal se refiere a la retención de bienes para el pago de deudas con las autoridades fiscales. Los procedimientos y las leyes aplicables varían entre ambos tipos de embargos.
¿Cuál es el impacto del KYC en la inversión extranjera y el flujo de capitales en México?
El KYC tiene un impacto en la inversión extranjera y el flujo de capitales en México al proporcionar seguridad y confianza a los inversores extranjeros. La verificación de identidad y la prevención del lavado de dinero hacen que el entorno de inversión sea más atractivo y transparente.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta en situaciones de restricciones comerciales internacionales en México?
Los contratos de venta en situaciones de restricciones comerciales internacionales pueden estar sujetos a medidas comerciales, aranceles y sanciones comerciales, y deben cumplir con regulaciones de exportación e importación.
¿Cuál es el plazo requerido para notificar aumentos de renta en un contrato de arrendamiento en México?
El plazo requerido para notificar aumentos de renta en un contrato de arrendamiento en México varía según lo que se acuerde en el contrato y las leyes locales. Generalmente, se notifica con al menos 30 días de antelación antes del aumento propuesto.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar el derecho al olvido de sus registros?
En México, no existe una disposición específica que otorgue a las personas el derecho al olvido de sus registros de antecedentes penales. Sin embargo, las personas pueden buscar la cancelación o modificación de sus antecedentes judiciales bajo ciertas circunstancias específicas, como la rehabilitación o el cumplimiento de ciertos requisitos legales. La posibilidad de lograrlo depende de factores específicos del caso y de las leyes aplicables.
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