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¿Cuál es el propósito de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y regula la identificación y seguimiento de las PEP para evitar que utilicen el sistema financiero para actividades ilegales.
¿Cuál es el enfoque de México en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero?
México ha firmado acuerdos de cooperación con otros países y organizaciones internacionales para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. Además, participa en la Red de Unidades de Inteligencia Financiera de América Latina (RIFFAL) para promover la cooperación regional en la prevención del lavado de dinero.
¿Qué recursos legales están disponibles para los beneficiarios de pensión alimenticia en México?
Los beneficiarios de pensión alimenticia en México pueden recurrir a recursos legales, como la presentación de demandas en los tribunales, para hacer cumplir la pensión alimenticia. También pueden buscar la asistencia de las autoridades locales de procuración de justicia o servicios de apoyo legal para garantizar que se cumpla con la orden judicial de alimentos.
¿Qué es un fiador o aval en un contrato de arrendamiento en México?
Un fiador o aval es una tercera parte que asume la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del contrato en caso de incumplimiento por parte del arrendatario.
¿Cómo se valora la capacidad de emprendimiento en la selección de personal en México?
La capacidad de emprendimiento se valora en México, especialmente en startups y empresas que buscan la innovación. Los candidatos que han demostrado iniciativa, creatividad y la capacidad de identificar oportunidades para el crecimiento y el cambio son atractivos para las empresas.
¿Qué disposiciones legales existen para la protección de los derechos de los arrendatarios en México?
En México, la Ley de Inquilinato y las leyes estatales y municipales establecen disposiciones legales para la protección de los derechos de los arrendatarios. Estas leyes regulan cuestiones como el desahucio, el depósito de garantía y las condiciones mínimas de habitabilidad.
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