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¿Cuáles son las consecuencias para las empresas y personas involucradas en el lavado de activos en México?
Las consecuencias pueden incluir daño a la reputación, sanciones legales, pérdida de activos y el riesgo de prisión. El lavado de activos es un delito grave con consecuencias significativas.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de importación farmacéutica y productos químicos en México?
En contratos de venta con restricciones de importación farmacéutica y productos químicos en México, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la importación y cumplir con regulaciones de la COFEPRIS y la Secretaría de Economía.
¿Cuál es el proceso de divorcio en México?
El proceso de divorcio en México puede variar según el estado, pero generalmente implica presentar una solicitud de divorcio ante un juez, resolver cuestiones de propiedad y custodia, y obtener la sentencia de divorcio.
¿Es necesario contar con un seguro de arrendamiento para proteger la propiedad en México?
Aunque no es obligatorio, contar con un seguro de arrendamiento puede proporcionar protección adicional tanto al arrendador como al arrendatario en caso de daños o pérdidas. Las partes pueden acordar si desean incluir esta disposición en el contrato.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la financiación de grupos delictivos en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención de la financiación de grupos delictivos en México al identificar y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades delictivas. Esto contribuye a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México en relación con la participación en elecciones y votación?
En México, las personas con antecedentes penales tienen derechos en relación con la participación en elecciones y votación. La Constitución de México garantiza el derecho al voto, y las restricciones basadas en antecedentes penales son limitadas. En general, las personas con antecedentes penales aún pueden ejercer su derecho al voto, a menos que hayan sido condenadas por delitos electorales o traición a la patria. El derecho al voto es fundamental en un sistema democrático.
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