Artículos recomendados
¿Cuál es la ley principal que regula la identificación y seguimiento de las PEP en México?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal ley que regula este tema en México.
¿Cómo se maneja la verificación de identidad para clientes extranjeros en México?
La verificación de identidad para clientes extranjeros en México implica la presentación de documentos de identificación válidos de su país de origen, así como la verificación de su situación migratoria en el país. Las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de KYC aplicables a los clientes extranjeros.
¿Es posible incluir cláusulas de penalización por terminación anticipada en un contrato de arrendamiento en México?
Sí, es posible incluir cláusulas de penalización por terminación anticipada en un contrato de arrendamiento en México. Estas cláusulas pueden especificar las consecuencias económicas o las responsabilidades adicionales en caso de que una de las partes decida dar por terminado el contrato antes de tiempo.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de cuello blanco en México?
Los delitos de cuello blanco, como el fraude financiero, se investigan por agencias especializadas en delitos económicos. Se recopilan pruebas financieras y se persigue a los responsables a través de procesos legales.
¿Cómo se lleva a cabo la destrucción de expedientes judiciales en México al finalizar su plazo de retención?
La destrucción de expedientes judiciales en México al finalizar su plazo de retención generalmente se realiza mediante procedimientos legales. Esto implica la eliminación segura y permanente de documentos físicos o digitales para garantizar la confidencialidad y privacidad de la información. La legislación y las regulaciones específicas establecen las pautas para la destrucción apropiada de expedientes.
¿Cuál es el propósito de la debida diligencia reforzada en el contexto de las PEP?
La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
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