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¿Cuál es la vigencia del Pasaporte Biométrico en Perú?
El Pasaporte Biométrico en Perú tiene una vigencia de 10 años para los mayores de edad y 5 años para los menores de edad. Es importante renovarlo antes de su vencimiento si planeas viajar al extranjero.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en el sector de tecnología de la información (TI) en Perú?
El cumplimiento normativo en el sector de TI en Perú implica la protección de datos, la ciberseguridad, la regulación de servicios en línea y la adhesión a normativas que garantizan la privacidad y seguridad de la información.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento para estudios superiores en Perú?
En Perú, las opciones de financiamiento para estudios superiores incluyen préstamos educativos ofrecidos por entidades financieras, programas de becas y créditos educativos del Estado, como el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC). Estos programas brindan apoyo financiero a los estudiantes para cubrir los gastos relacionados con su educación universitaria o técnica.
¿Cómo afecta la normativa peruana a las transacciones internacionales y qué medidas deben tomar las empresas para cumplir con las regulaciones?
La normativa peruana sobre transacciones internacionales busca prevenir la evasión fiscal y garantizar la equidad tributaria. Las empresas deben documentar adecuadamente sus operaciones internacionales, cumplir con los requisitos de precios de transferencia y estar al tanto de las obligaciones de reporte para evitar sanciones y auditorías.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener el DNI en Perú si es solicitante de asilo?
Los ciudadanos extranjeros solicitantes de asilo en Perú pueden obtener el DNI si cumplen con los requisitos y trámites establecidos por las autoridades peruanas. El DNI les permite acceder a servicios y derechos en el país y puede ser un paso importante en su proceso de solicitud de asilo.
¿Cuáles son los plazos para la prescripción de acciones en una demanda laboral en Perú?
Los plazos para la prescripción de acciones pueden variar según la naturaleza de la demanda. Por ejemplo, en casos de beneficios sociales, el plazo general es de cuatro años desde que la obligación se hizo exigible.
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