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¿Qué es el proceso de expropiación en Perú y cuál es su importancia en la adquisición de terrenos para proyectos públicos?
La expropiación es un proceso legal que permite al Estado adquirir propiedades privadas para proyectos públicos, compensando justamente a los propietarios afectados.
¿Qué medidas se toman en Perú para garantizar el cumplimiento de la pensión alimentaria en casos de cambio de empleo del deudor?
En casos de cambio de empleo del deudor en Perú, se pueden tomar para ajustar la pensión de alimentos de acuerdo con los nuevos ingresos, garantizando el cumplimiento continuo de las medidas de la obligación.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la posibilidad de obtener un permiso de construcción en Perú?
En Perú, los antecedentes judiciales en sí mismos no suelen ser un factor determinante para la obtención de un permiso de construcción. Sin embargo, los antecedentes relacionados con incumplimientos de regulaciones de construcción o delitos graves que puedan afectar la seguridad pública podrían influir en la evaluación del permiso por parte de las autoridades locales.
¿Qué sucede si la propiedad arrendataria sufre daños causados por el arrendatario en Perú?
En caso de daños causados por el arrendatario, este es responsable de cubrir los costos de reparación. El contrato debe detallar cómo se manejarán estos casos, incluyendo la notificación de daños y los plazos para realizar las reparaciones necesarias.
¿Cuál es el papel del defensor público en un proceso de embargo en Perú?
El defensor público en Perú puede representar a personas de bajos recursos que enfrentan un proceso de embargo y que no pueden pagar a un abogado privado. El defensor público puede brindar asesoramiento legal, representación en el tribunal y defensor de los derechos del deudor en el proceso de embargo. Su papel es garantizar que se respetan los derechos del deudor en el proceso legal.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda por despido indirecto en Perú?
El plazo para presentar una demanda por despido indirecto es de 30 días hábiles a partir de la fecha en que el trabajador tuvo conocimiento de los hechos que motivan la demanda.
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