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¿Pueden los antecedentes judiciales de menores de edad ser compartidos en Perú?
En Perú, los antecedentes judiciales de menores de edad generalmente están protegidos por la ley y no pueden ser compartidos públicamente. Sin embargo, en casos excepcionales, como delitos graves, la información puede ser compartida con ciertas autoridades y entidades judiciales.
¿Cómo se evalúan los riesgos legales y regulatorios en la debida diligencia para proyectos de infraestructura de transporte en Perú?
En proyectos de infraestructura de transporte en Perú, la debida diligencia legal y regulatoria implica revisar concesiones, licencias y posibles litigios legales. Se analizan acuerdos con entidades gubernamentales, cambios en la legislación de transporte, y vigentes para asegurar la conformidad con las medidas reglamentarias.
¿Qué es el proceso de acción de cumplimiento de sentencias en Perú y cuándo se utiliza para garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales?
La acción de cumplimiento de sentencias se utiliza para garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales en Perú cuando una parte se niega a catarlas. Permite a las partes afectadas solicitar que se ejecute la sentencia y se haga justicia.
¿Cuál es el impacto de la supervisión de PEP en la inversión extranjera en Perú?
La supervisión de PEP puede tener un impacto positivo en la inversión extranjera en Perú al generar confianza en el clima de negocios y demostrar que el país está comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
¿Cómo se fomenta la rendición de cuentas de las PEP en Perú?
La rendición de cuentas de las PEP en Perú se fomenta mediante auditorías, la divulgación de información financiera, la supervisión de la gestión pública y la aplicación de sanciones en caso de conducta inapropiada.
¿Cuáles son los plazos para la prescripción de acciones en una demanda laboral en Perú?
Los plazos para la prescripción de acciones pueden variar según la naturaleza de la demanda. Por ejemplo, en casos de beneficios sociales, el plazo general es de cuatro años desde que la obligación se hizo exigible.
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