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¿Existe alguna lista oficial de contratistas sancionados en Perú que las empresas deben verificar antes de participar en licitaciones?
Sí, en Perú, existe una lista oficial de contratistas sancionados que las empresas deben verificar antes de participar en licitaciones públicas. Esta lista se mantiene actualizada y es proporcionada por [nombre de la entidad gubernamental responsable].
¿Cómo se inicia un proceso de embargo en Perú?
El proceso de embargo en Perú se inicia mediante una solicitud presentada ante un juez o autoridad competente, generalmente por un acreedor o una entidad gubernamental. Esta solicitud debe estar respaldada por pruebas y documentos que demuestren la deuda.
¿Cuál es el proceso de incautación de bienes en Perú y cuándo se utiliza en la confiscación de activos relacionados con delitos?
El proceso de incautación de bienes en Perú se utiliza para la confiscación de activos relacionados con delitos, como el narcotráfico o la corrupción. Busca privar a los delincuentes de los beneficios de sus actividades ilegales y compensar a las víctimas del Estado.
¿Existen mecanismos para garantizar la equidad de género en la selección y sanción de contratistas en Perú?
Sí, hay mecanismos para garantizar la equidad de género [detalles sobre políticas inclusivas, evaluación de diversidad] en la selección y sanción de contratistas en Perú. Esto promueve un entorno más igualitario en el sector.
¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad laboral en Perú?
El cumplimiento de las normas de seguridad laboral en Perú se logra a través de la supervisión de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), la capacitación de los trabajadores en prácticas seguras y la implementación de políticas de seguridad en el trabajo.
¿Cómo se promueve la inclusión financiera en las estrategias de prevención del lavado de dinero en Perú?
La promoción de la inclusión financiera se integra en las estrategias de prevención del lavado de dinero en Perú mediante la implementación de medidas que permitan el acceso a servicios financieros a un mayor número de personas. Se busca equilibrar la inclusión financiera con la necesidad de realizar debidas diligencias, fomentando la participación de sectores más amplios de la población en la economía formal y reduciendo así los riesgos de actividades ilícitas.
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