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¿Qué medidas adicionales se toman en Perú para prevenir el financiamiento del terrorismo?
Además de combatir el lavado de activos, Perú tiene medidas en vigor para prevenir el financiamiento del terrorismo. La Ley N° 30506 establece regulaciones específicas en este sentido, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia para identificar y prevenir cualquier transacción o actividad sospechosa relacionada con el financiamiento del terrorismo. El cumplimiento de estas medidas es esencial para la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
¿Cuál es el papel de la legislación en la lucha contra el lavado de dinero?
Las leyes AML establecen medidas y requisitos para que las instituciones financieras y otras entidades reporten y prevengan actividades sospechosas de lavado de dinero. Estas leyes imponen obligaciones de diligencia debida y establecen sanciones para el incumplimiento.
¿Cuál es el impacto económico de la corrupción relacionada con las PEP en Perú?
La corrupción relacionada con las PEP puede tener un impacto económico significativo en el Perú, ya que socava la inversión, la confianza empresarial y la eficiencia del gobierno. La lucha contra la corrupción busca promover el desarrollo sostenible.
¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la transparencia y trazabilidad de la conducta de contratistas en Perú?
La tecnología blockchain juega un papel crucial en [detalles sobre registro inmutable, transparencia en contratos] la transparencia y trazabilidad de la conducta de contratistas en Perú. Esto reduce la posibilidad de manipulación y mejora la confianza en los procesos.
¿Cómo se resuelven los casos de violencia de género en el sistema judicial peruano?
Los casos de violencia de género en Perú son tratados con especial atención, y existen de protección y sanciones específicas para estos casos.
¿Qué es la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Perú y cuáles son los casos que abarca?
La jurisdicción de lo contencioso administrativo se encarga de resolver disputas entre los ciudadanos y las entidades estatales en casos relacionados con actos administrativos.
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