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¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión fiscal en Perú?
En Perú, la evasión fiscal se refiere a la acción ilegal de no pagar impuestos deliberadamente o de proporcionar información falsa para reducir la carga fiscal. Por otro lado, la elusión fiscal implica aprovechar lagunas legales o estructuras complejas para minimizar el pago de impuestos de manera legal, pero a menudo cuestionable éticamente. Mientras que la evasión es ilegal y sujeta a sanciones, la elusión es una estrategia fiscal dentro de los límites de la ley. Sin embargo, las autoridades fiscales pueden revisar y desafiar estructuras elusivas si consideran que se utilizan para evitar impuestos de manera injusta.
¿Cuál es la relación entre el gobierno y las empresas en la promoción del cumplimiento en Perú?
En Perú, el gobierno juega un papel importante en la promoción del cumplimiento normativo, colaborando con las empresas a través de regulaciones, incentivos y sanciones para asegurar el respeto de las leyes.
¿Cuál es la importancia de la documentación y registro en el cumplimiento de regulaciones en empresas peruanas?
La documentación y registro adecuados son esenciales en Perú para demostrar el cumplimiento normativo. Mantener registros claros y completos ayuda en la rendición de cuentas y la resolución de disputas legales.
¿Cuál es la pena por el delito de sustracción de menores en Perú?
La sustracción de menores en Perú, como el secuestro de un niño, puede resultar en penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y la protección de los derechos del menor.
¿Cuál es el proceso de certificación de sistemas de gestión de cumplimiento en Perú?
En Perú, las empresas pueden obtener certificaciones como la ISO 19600 para sistemas de gestión de cumplimiento, lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento normativo.
¿Cuál es el proceso para solicitar el borrado de antecedentes judiciales en Perú?
El proceso para solicitar el borrado de antecedentes judiciales en Perú implica presentar una solicitud ante el Poder Judicial o la Policía Nacional, según corresponda. La solicitud debe cumplir con los requisitos legales y puede requerir el pago de tarifas. Si se cumplen las condiciones y requisitos, los registros pueden ser cancelados o reducidos.
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