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¿Cómo se abordan los desafíos de cumplimiento relacionados con la gestión de activos y propiedades en empresas peruanas?
Las empresas en Perú deben cumplir con las regulaciones que rigen la propiedad y gestión de activos. Esto incluye la adquisición de tierras, derechos de propiedad y la gestión adecuada de activos tangibles e intangibles.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la gestión de riesgos operativos durante la debida diligencia en Perú?
La gestión de riesgos operativos en Perú implica evaluar la eficacia de los procesos internos, la continuidad del negocio y la preparación para crisis. Se revisan los planos de contingencia, la seguridad de la información y la resiliencia operativa para identificar posibles debilidades que puedan afectar el rendimiento a largo plazo de la empresa.
¿Hay alguna instancia de apelación para contratistas que han sido sancionados en Perú?
Sí, en Perú, los contratistas tienen el derecho de apelar las sanciones impuestas. El proceso de apelación implica [detalles del proceso, como presentar pruebas, audiencias, revisión de documentos]. Las decisiones finales se toman con base en la información presentada durante este proceso.
¿Cómo afecta la inclusión de Perú en listas internacionales de alto riesgo a las PEP?
La inclusión de Perú en listas internacionales de alto riesgo puede tener un impacto negativo en la reputación de las PEP y del país en general. Puede dificultar las transacciones financieras internacionales y generar una mayor supervisión.
¿Cuál es la pena por el delito de tráfico ilegal de arqueología en Perú?
El tráfico ilegal de arqueología en Perú, que involucra la venta o exportación ilegal de artefactos arqueológicos, puede resultar en penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y la protección del patrimonio cultural.
¿Cuáles son los plazos para la prescripción de acciones en una demanda laboral en Perú?
Los plazos para la prescripción de acciones pueden variar según la naturaleza de la demanda. Por ejemplo, en casos de beneficios sociales, el plazo general es de cuatro años desde que la obligación se hizo exigible.
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