QUILCA CASTILLON SOLEDA - Perfil - 794786

Perfil de QUILCA CASTILLON SOLEDA - 794786

Partido Político ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es la diferencia entre un embargo judicial y un embargo administrativo en Perú?

Un embargo judicial en Perú es emitido por un tribunal como resultado de un proceso legal, como una demanda o una sentencia. Un embargo administrativo, por otro lado, es emitido por una entidad gubernamental, como la SUNAT, para asegurar el pago de deudas tributarias o administrativas pendientes.

¿Cómo se regulan los derechos de visita de los hermanos en Perú?

Los derechos de visita de los hermanos en Perú pueden ser regulados a través de un acuerdo entre las partes o mediante una orden judicial. Los tribunales considerarán el bienestar del niño al tomar decisiones sobre los derechos de visita de los hermanos.

¿Pueden los bienes embargados en Perú ser transferidos a un fideicomiso para su gestión?

En algunos casos, los bienes embargados en Perú pueden ser transferidos a un fideicomiso para su gestión y posterior venta. Esto suele hacerse bajo la supervisión del tribunal y con el objetivo de maximizar el valor de los bienes antes de la venta. Los fondos generados se utilizan para pagar la deuda.

¿Puede un deudor evitar la subasta de sus bienes embargados en Perú?

Sí, un deudor puede evitar la subasta de sus bienes embargados en Perú al pagar la deuda pendiente y los costos asociados antes de la fecha de la subasta. Una vez que se liquida la deuda, los bienes embargados quedan liberados y no se subastan.

¿Cuáles son los plazos para notificar la terminación del contrato en Perú?

Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar con antelación su intención de no renovar el contrato. Los plazos y métodos de notificación deben especificarse claramente en el contrato para evitar malentendidos y cumplir con la normativa legal.

¿Qué constituye el delito de homicidio en Perú?

El homicidio en Perú se refiere a la acción de matar a otra persona intencionalmente. Las penas varían según las circunstancias, pero pueden incluir prisión de 15 a 35 años o cadena perpetua.

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