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¿Qué sucede si un deudor no recibe la notificación de un proceso de embargo en Perú?
Si un deudor no recibe la notificación de un proceso de embargo en Perú debido a cambios de dirección o por otras razones, el proceso de embargo aún puede continuar. El tribunal suele realizar esfuerzos para notificar al deudor de manera adecuada, pero si la notificación no llega al deudor, este puede presentar una oposición una vez que tenga conocimiento del proceso.
¿Cuáles son los principales organismos reguladores en el Perú?
En Perú, los principales organismos reguladores son la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
¿Cuál es el papel de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) en contratos de venta en Perú?
La SUNAT es la entidad encargada de la administración tributaria en Perú. En los contratos de venta, la SUNAT regula los aspectos fiscales y aduaneros, incluyendo la recaudación de impuestos como el IGV y la supervisión de las declaraciones y pagos correspondientes. Cumplir con sus regulaciones es fundamental.
¿Cuál es el proceso de denuncia por violencia de género en Perú y cuál es su importancia en la protección de las víctimas?
El proceso de denuncia por violencia de género en Perú es fundamental para proteger a las víctimas de violencia doméstica o de género. Permite a las víctimas denunciar a los agresores y acceder a medidas de protección y apoyo.
¿Cuál es el proceso para obtener el DNI en caso de cambio de género en Perú?
El proceso para obtener un DNI con cambio de género en Perú implica la presentación de una solicitud y la documentación correspondiente en el RENIEC. El proceso se simplificó con la Ley de Identidad de Género y es más accesible para las personas transgénero.
¿Cuál es el enfoque de Perú hacia la supervisión y regulación de las instituciones no financieras en la prevención del lavado de dinero?
Perú ha extendido sus medidas de prevención del lavado de dinero más allá del sector financiero, incluyendo la supervisión y regulación de instituciones no financieras. Esto implica la aplicación de requisitos de debida diligencia, informes de transacciones sospechosas y la imposición de sanciones en casos de incumplimiento, asegurando que múltiples sectores estén involucrados en la lucha contra el lavado de activos.
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