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¿Puede un tercero comprar bienes embargados en una subasta en Perú si no es el deudor ni el acreedor?
Sí, en Perú, un tercero puede comprar bienes embargados en una subasta, incluso si no es el deudor ni el acreedor. Las subastas suelen ser abiertas al público, y cualquier persona interesada puede participar como postor. El postor exitoso adquiere la propiedad legal de los bienes una vez que se realiza el pago.
¿Cuál es el papel de la tecnología de cadena de bloques en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La tecnología de cadena de bloques puede desempeñar un papel en la verificación de listas de riesgos al proporcionar un registro seguro y transparente de las transacciones y verificar la identidad de las partes. Esto puede mejorar la confiabilidad y la eficiencia de los procesos de verificación.
¿Qué sucede si un deudor no cumple con la orden de embargo en Perú?
Si un deudor no cumple con una orden de embargo en Perú, se pueden tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de la deuda. Esto puede incluir la venta forzada de los bienes embargados, la imposición de multas, e incluso acciones legales para recuperar la deuda.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la modificación de la pensión debido a la pérdida de beneficios laborales?
Sí, la pérdida de beneficios laborales puede ser motivo para solicitar la modificación de la pensión en Perú, ya que afecta directamente la capacidad financiera del deudor.
¿Cómo se gestionan los antecedentes judiciales de personas que fueron absueltas en Perú?
Los antecedentes judiciales de personas absueltas en Perú pueden seguir siendo parte de su historial a menos que se solicite su cancelación. En algunos casos, las personas absueltas pueden calificar para la cancelación de sus antecedentes, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos.
¿Cómo se asegura Perú de que las medidas AML sean proporcionales y no impongan una carga excesiva a las empresas y ciudadanos?
Perú se asegura de que las medidas AML sean proporcionales mediante la evaluación continua de su efectividad y su impacto en las empresas y ciudadanos. Se busca un equilibrio entre la necesidad de prevenir el lavado de dinero y la carga administrativa impuesta, ajustando las regulaciones según sea necesario para garantizar la eficacia sin imponer una carga excesiva.
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