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¿Pueden los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay ser compartidos con empleadores o instituciones educativas?
En algunos casos, los registros de antecedentes disciplinarios pueden ser compartidos con empleadores o instituciones educativas si es relevante para la toma de decisiones relacionadas con el empleo o la admisión.
¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención de fraudes financieros en Paraguay?
La Debida Diligencia en Paraguay también contribuye a la prevención de fraudes financieros. Al verificar la identidad de los clientes y la legitimidad de las transacciones, se reduce el riesgo de fraudes y estafas financieras, lo que beneficia a las instituciones financieras ya los clientes.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de AML entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de AML entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Cómo se aplican las regulaciones de Debida Diligencia a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay?
Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Deben identificar y verificar a sus clientes, realizar debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las regulaciones específicas para la tributación de dividendos y ganancias de capital en Paraguay?
Las regulaciones sobre la tributación de dividendos y ganancias de capital están contenidas en la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que establecen las tasas aplicables.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
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