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¿Qué se entiende por delito de lesa humanidad en Paraguay y cuál es su tratamiento legal?
Los delitos de lesa humanidad son crímenes graves que atentan contra los derechos humanos a gran escala. En Paraguay, estos crímenes son procesados y juzgados de acuerdo con la legislación nacional e internacional, y no están sujetos a prescripción.
¿Cómo se garantiza la transparencia en los procesos judiciales en Paraguay?
La transparencia en los procesos judiciales en Paraguay se logra a través de medidas como la publicidad de las audiencias, el acceso a la información pública y la supervisión de la sociedad civil.
¿Se requiere la revisión periódica de la información de los clientes en Paraguay en el marco de la Debida Diligencia?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de los clientes como parte de la Debida Diligencia continua. Esto garantiza que la información se mantiene actualizada y que cualquier cambio en la situación del cliente se identifique y se tome en cuenta en el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué papel juegan los oficiales de cumplimiento en el proceso de KYC en Paraguay?
Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.
¿Cuál es la legislación específica que regula la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
La gestión de antecedentes judiciales en Paraguay se rige por varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley Nº 1.292/98 que regula el Registro Judicial de Antecedentes Penales y la Ley Nº 974/96 que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos.
¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
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