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¿Puede el público en general acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
El acceso del público en general a los expedientes judiciales en Paraguay puede ser limitado y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden proporcionar versiones públicas de expedientes, que contienen información no confidencial y están disponibles para consulta.
¿Qué entidades o instituciones en Paraguay están autorizadas para llevar a cabo la verificación de antecedentes?
En Paraguay, la verificación de antecedentes puede ser realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades judiciales. Estas instituciones tienen acceso a bases de datos y registros que les permiten obtener información sobre antecedentes penales de individuos.
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente en Paraguay?
La SET toma medidas para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente y limita el acceso a la información relevante.
¿Cómo se valida la identidad en situaciones de ingreso a instituciones educativas en Paraguay?
En situaciones de ingreso a instituciones educativas en Paraguay, se puede validar la identidad de los estudiantes y personal a través de la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad. Esto es parte de los procedimientos de seguridad y registro en las instituciones educativas.
¿Puede un expediente judicial ser modificado o enmendado después de su creación en Paraguay?
En Paraguay, un expediente judicial generalmente no puede ser modificado o enmendado después de su creación, ya que se busca mantener un registro fiel de los eventos judiciales tal como ocurrieron. Sin embargo, en casos excepcionales, se pueden agregar documentos adicionales.
¿Cuál es la edad mínima para que un menor pueda ser escuchado en un proceso de familia en Paraguay?
En Paraguay, un menor puede ser escuchado en un proceso de familia a partir de los 12 años, si el juez lo considera necesario para proteger sus intereses.
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