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¿Cómo se informa a las personas sobre la existencia de antecedentes judiciales en Paraguay?
Las personas pueden ser informadas sobre la existencia de sus antecedentes judiciales a través de solicitudes directas a las instituciones responsables, como el Poder Judicial o la Policía Nacional.
¿Cuál es la legislación específica que regula la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
La gestión de antecedentes judiciales en Paraguay se rige por varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley Nº 1.292/98 que regula el Registro Judicial de Antecedentes Penales y la Ley Nº 974/96 que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es la legislación principal que rige los delitos penales en Paraguay?
La legislación principal que rige los delitos penales en Paraguay incluye el Código Penal Paraguayo, que establece los delitos, las penas y los procedimientos legales aplicables a nivel nacional. Además, existen leyes y regulaciones específicas para delitos particulares, como el tráfico de drogas.
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de buena conducta en Paraguay?
Para obtener un certificado de buena conducta en Paraguay, los ciudadanos pueden presentar una solicitud en la Policía Nacional o en línea, y se realiza una verificación de antecedentes penales antes de emitir el certificado.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
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