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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para supervisar y regular a los proveedores de servicios de pago y fintech en el contexto de Debida Diligencia?
Los proveedores de servicios de pago y las empresas fintech en Paraguay están sujetos a regulaciones de Debida Diligencia. Las autoridades supervisan y regulan estas entidades para garantizar que cumplan con las normativas y realicen la identificación y verificación de clientes de manera adecuada.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el contexto de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes, lo que permite colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Identificar y reportar transacciones sospechosas es una parte fundamental de la Debida Diligencia.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser objeto de investigaciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Sí, la UAF puede llevar a cabo investigaciones sobre personas expuestas en Paraguay si hay sospechas de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas toma la autoridad fiscal para recuperar deudas de impuestos en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo acciones como embargos, retenciones y ejecuciones fiscales para recuperar deudas de impuestos en Paraguay.
¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
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