Artículos recomendados
¿Cómo se promueve la educación y la capacitación en materia de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET promueve la educación y la capacitación en materia de antecedentes fiscales a través de programas de divulgación, seminarios y materiales informativos para los contribuyentes.
¿Pueden los clientes presentar quejas en relación con el proceso de KYC en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de KYC a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Cuál es el proceso de renovación de un contrato de arrendamiento en Paraguay?
En Paraguay, el proceso de renovación de un contrato de arrendamiento generalmente está sujeto a lo que se establece en el contrato original. Si no se menciona una cláusula de renovación automática, el contrato expira al final del plazo acordado.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de AML?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de AML, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales y se aplican medidas para evitar el uso de entidades legales como fachadas para actividades ilegales.
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