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¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
¿Puede un ciudadano cambiar su nombre legalmente en Paraguay y qué procesos se siguen?
Sí, un ciudadano puede cambiar legalmente su nombre en Paraguay siguiendo un proceso que incluye la presentación de una solicitud y la justificación de la razón para el cambio de nombre. Esto se rige por la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y otros reglamentos aplicables.
¿Puede un ciudadano en Paraguay cambiar su nombre o apellidos en su cédula de identidad por razones personales?
En Paraguay, los cambios de nombre o apellidos en la cédula de identidad generalmente se permiten solo en casos específicos, como el matrimonio o el divorcio. Cambios por razones personales pueden requerir una justificación legal y la aprobación de la DGRECP.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
SEPRELAD en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia. Colabora con los sujetos obligados y brinda orientación para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el impacto de los registros disciplinarios en la admisión a programas de posgrado en Paraguay?
Los registros disciplinarios pueden influir en la admisión a programas de posgrado, ya que las instituciones académicas pueden evaluar la idoneidad de los solicitantes en función de su historial disciplinario.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
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