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¿Cuál es el procedimiento para la ejecución de sentencias judiciales en Paraguay?
La ejecución de sentencias judiciales en Paraguay implica asegurarse de que las decisiones judiciales se cumplan. Esto puede requerir el embargo de bienes, la confiscación o la realización de otros actos legales para hacer cumplir la sentencia.
¿Puede un cómplice ser eximido de responsabilidad si demuestra que actuó bajo amenazas o coacción en Paraguay?
Un cómplice puede alegar coacción o amenazas como una defensa, pero deberá demostrar que su participación en el delito fue resultado de una amenaza grave y que no tenía otra opción. La coacción puede considerarse como una circunstancia atenuante.
¿Cuáles son las circunstancias en las que se suele requerir la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes se suele requerir en una variedad de situaciones en Paraguay, incluyendo la contratación de empleados, la solicitud de licencias o permisos, la adopción de menores, la obtención de visas para viajar al extranjero y en procedimientos judiciales como parte de la investigación de delitos. También puede ser necesaria en procesos de selección de personal y trámites legales.
¿Qué medidas toma la SET para garantizar la confidencialidad de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET está obligada a mantener la confidencialidad de la información de los antecedentes fiscales y solo puede divulgarla en circunstancias permitidas por la ley.
¿Qué papel juegan las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
Las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) son importantes en el cumplimiento de KYC en Paraguay, ya que implican la verificación de antecedentes y la identificación de empleados que pueden tener un mayor acceso a información confidencial y sistemas internos de una institución financiera. .
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de AML en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de AML a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
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