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¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Puede una persona solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay?
Sí, una persona tiene el derecho de solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal correspondiente y proporcionando pruebas que respalden la corrección necesaria.
¿Qué medidas se toman para prevenir el robo o el acceso no autorizado a registros de antecedentes penales en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad para prevenir el robo o el acceso no autorizado a registros de antecedentes penales en Paraguay, como la protección de sistemas de almacenamiento de datos y la limitación del acceso solo a personal autorizado.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves de AML en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave de AML incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar asistencia legal o asesoramiento para cumplir con sus obligaciones?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de buscar asesoramiento legal o asistencia para comprender y cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero. Los abogados especializados en esta área pueden brindar orientación y apoyo.
¿Cómo se obtienen los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay se pueden obtener a través del Poder Judicial o de la Policía Nacional. Las personas pueden solicitar su propio informe de antecedentes o realizar consultas sobre terceros con autorización.
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