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¿Cuál es el procedimiento para cambiar el apellido de un menor en Paraguay?
El cambio de apellido de un menor en Paraguay debe ser solicitado a través de un proceso legal que debe ser aprobado por un juez. Este proceso considera el interés superior del niño y la justificación del cambio.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Qué papel juega la cooperación internacional en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
La cooperación internacional desempeña un papel importante en la regulación de las personas expuestas en Paraguay, ya que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos transnacionales. Paraguay colabora con otros países y organismos internacionales para combatir estos delitos de manera efectiva.
¿Cuál es el procedimiento para la determinación de la capacidad mental o legal de un individuo en Paraguay?
La determinación de la capacidad mental o legal de un individuo en Paraguay se realiza a través de evaluaciones médicas y legales. Si se considera que una persona no es capaz de tomar decisiones, se pueden nombrar tutores o curadores para proteger sus derechos e intereses.
¿Puede un ciudadano cambiar su nombre legalmente en Paraguay y qué procesos se siguen?
Sí, un ciudadano puede cambiar legalmente su nombre en Paraguay siguiendo un proceso que incluye la presentación de una solicitud y la justificación de la razón para el cambio de nombre. Esto se rige por la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y otros reglamentos aplicables.
¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
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