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¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes judiciales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes judiciales varía según el tipo de caso y la legislación aplicable en Paraguay. Algunos registros pueden mantenerse durante años, mientras que otros pueden ser eliminados o sellados después de cierto tiempo.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo el Código Procesal Penal, la Ley N° 2338/2003 de la Policía Nacional, y otras disposiciones legales que rigen la obtención y uso de información relacionada con antecedentes penales. Estas leyes establecen los procedimientos y limitaciones para llevar a cabo la verificación de antecedentes.
¿Pueden los contribuyentes autorizar a terceros para acceder a sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden autorizar a terceros, como abogados o contadores, para acceder a sus antecedentes fiscales en su nombre con la debida autorización.
¿Qué medidas de seguridad se implementan en las cédulas de identidad para prevenir la falsificación en Paraguay?
Las cédulas de identidad en Paraguay cuentan con medidas de seguridad que incluyen características como fotografías digitales, códigos de barras y hologramas para prevenir la falsificación. Además, la DGRECP mantiene un registro centralizado de todas las cédulas emitidas, lo que facilita la detección de duplicados o irregularidades.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET, que implica una segunda evaluación de la resolución fiscal.
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