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¿Cómo se informa a las personas sobre la existencia de antecedentes judiciales en Paraguay?
Las personas pueden ser informadas sobre la existencia de sus antecedentes judiciales a través de solicitudes directas a las instituciones responsables, como el Poder Judicial o la Policía Nacional.
¿Qué medidas se toman para evitar el uso no autorizado de la información de identidad y datos personales en Paraguay?
En Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como contraseñas, autenticación de dos factores y la encriptación de datos, para evitar el uso no autorizado de la información de identidad y datos personales. Las instituciones y entidades que manejan esta información deben seguir prácticas seguras y cumplir con las leyes de protección de datos.
¿Se requiere la implementación de programas de prevención de delitos en Paraguay?
Algunas empresas pueden estar obligadas a implementar programas de prevención de delitos según las regulaciones, como la Ley N° 5.249/2014 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de AML?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención de la financiación del terrorismo en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay desempeñan un papel importante en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben identificar y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas, colaborando así en los esfuerzos para evitar que los fondos lleguen a grupos terroristas.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
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