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¿Qué regulaciones aplican a la retención de impuestos en transacciones comerciales en Paraguay y cómo se reflejan en los antecedentes fiscales?
Las regulaciones sobre la retención de impuestos se aplican en transacciones comerciales y se reflejan en los antecedentes fiscales como impuestos retenidos y pendientes.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de Debida Diligencia entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de Debida Diligencia entre sí para prevenir actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo cumpliendo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable, garantizando la confidencialidad y la seguridad de la información compartida.
¿Cuál es la edad legal para contraer matrimonio en Paraguay?
La edad legal para contraer matrimonio en Paraguay es de 18 años. Sin embargo, es posible casarse a partir de los 16 años con el consentimiento de los padres o tutores legales. Esta regulación busca proteger a los menores y garantizar que el matrimonio sea voluntario.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar las oportunidades de empleo en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar las oportunidades de empleo en Paraguay. Algunos empleadores pueden requerir informes de antecedentes como parte del proceso de contratación y pueden considerarlos al evaluar la idoneidad de un candidato.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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