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¿Cuáles son las garantías procesales de los acusados en casos de delitos penales en Paraguay?
Las garantías procesales de los acusados en Paraguay incluyen el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa legal, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a un intérprete si es necesario y el derecho a apelar una sentencia. Estas garantías están diseñadas para proteger los derechos de los acusados.
¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?
El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes penales se refieren específicamente a los registros de condenas criminales, mientras que los antecedentes judiciales pueden incluir información sobre litigios civiles y otros procesos legales.
¿Pueden los antecedentes judiciales ser eliminados o cancelados en Paraguay?
En Paraguay, existen procedimientos para la eliminación o cancelación de antecedentes judiciales en ciertas circunstancias, como la rehabilitación de condenas. Sin embargo, no todos los registros pueden ser eliminados y los requisitos varían según la legislación aplicable.
¿Cómo se maneja la información de AML en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay?
En caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay, se deben tomar para garantizar que la información de AML se transfiera y se cumpla con las regulaciones medidas vigentes, evitando que la operación pueda utilizarse para actividades ilegales.
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.
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