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¿Cuál es el procedimiento para la revisión y aprobación de políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay deben ser revisadas y aprobadas internamente por la alta dirección de las instituciones financieras. Esto asegura que cumplan con las regulaciones y que segan las mejores prácticas en la identificación y verificación de clientes.
¿Cuál es la responsabilidad de las juntas directivas en el cumplimiento normativo de las empresas en Paraguay?
Las juntas directivas de las empresas tienen la responsabilidad de supervisar y asegurarse de que se cumplan las regulaciones y normativas vigentes en Paraguay, garantizando el cumplimiento normativo de la organización.
¿Qué regulaciones existen para la conservación de expedientes judiciales electrónicos en Paraguay?
Las regulaciones para la conservación de expedientes judiciales electrónicos en Paraguay abordan cuestiones como la seguridad y la integridad de los datos almacenados en formato electrónico. Estas regulaciones buscan asegurar la autenticidad y disponibilidad de los expedientes digitales.
¿Se requiere la revisión de KYC en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de KYC para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esta medida es fundamental para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida.
¿Qué sucede si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay?
Si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay, puede estar sujeta a arresto una vez que las autoridades tengan conocimiento de esta orden. Es importante resolver la situación legal correspondiente.
¿Qué agencias gubernamentales supervisan el cumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
En Paraguay, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en relación con la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
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