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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el sistema judicial en Paraguay y cómo está organizado?
El sistema judicial de Paraguay se basa en el sistema continental o de tradición romano-germánica. Está compuesto por varios niveles, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación y los tribunales de primera instancia. Además, existen tribunales especializados en diferentes áreas del derecho.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en la selección de personal en Paraguay?
La CNSC es la encargada de coordinar y supervisar los procesos de selección de personal en la Administración Central y entidades descentralizadas.
¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención de fraudes financieros en Paraguay?
La Debida Diligencia en Paraguay también contribuye a la prevención de fraudes financieros. Al verificar la identidad de los clientes y la legitimidad de las transacciones, se reduce el riesgo de fraudes y estafas financieras, lo que beneficia a las instituciones financieras ya los clientes.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
¿Qué sucede en caso de desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato en Paraguay?
Si hay desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato, es recomendable documentar el estado en un informe de inspección. Si persiste el desacuerdo, las partes pueden recurrir a un mediador o a un tribunal para resolver la disputa.
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