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¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre instituciones financieras en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se manejan las transferencias internacionales de fondos en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?
Las transferencias internacionales de fondos en Paraguay están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación y monitoreo adicionales para garantizar que estas transacciones cumplan con las regulaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se regula la competencia y la libre competencia en el mercado paraguayo?
La Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia regula la competencia y prohíbe prácticas anticompetitivas en el mercado paraguayo.
¿Cuál es el proceso para la víctima de un delito penal en Paraguay?
El proceso para la víctima de un delito penal en Paraguay generalmente implica denunciar el delito a las autoridades policiales, cooperar en la investigación y, si es necesario, comparecer como testigo en un juicio penal. Las víctimas tienen derechos y protecciones legales en el proceso.
¿Qué sucede si una institución financiera en Paraguay no cumple con las regulaciones de KYC?
El incumplimiento de las regulaciones de KYC en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, incluyendo multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, la institución financiera puede enfrentar daños a su reputación.
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