Artículos recomendados
¿Qué medidas se toman en Paraguay para supervisar y regular a los proveedores de servicios de pago y fintech en el contexto de Debida Diligencia?
Los proveedores de servicios de pago y las empresas fintech en Paraguay están sujetos a regulaciones de Debida Diligencia. Las autoridades supervisan y regulan estas entidades para garantizar que cumplan con las normativas y realicen la identificación y verificación de clientes de manera adecuada.
¿Pueden los clientes en Paraguay impugnar o corregir la información recopilada durante el proceso de KYC?
Sí, los clientes en Paraguay tienen el derecho de impugnar o corregir la información recopilada durante el proceso de KYC si consideran que es incorrecta o perjudicial. Las instituciones financieras deben contar con mecanismos para atender estas solicitudes y rectificar la información si es necesario.
¿Pueden los antecedentes judiciales influir en la admisión a programas de rehabilitación en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden influir en la admisión a programas de rehabilitación o reintegración en Paraguay, especialmente en casos de infracciones penales. Las autoridades pueden evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Existen programas de rehabilitación para personas con antecedentes judiciales en Paraguay?
Sí, existen programas de rehabilitación para personas con antecedentes judiciales en Paraguay, como programas de reinserción social y asesoramiento. Estos programas pueden ayudar a las personas a reintegrarse en la sociedad.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de personas expuestas en comparación con otros países de la región?
El enfoque de Paraguay puede variar en comparación con otros países de la región, pero generalmente se centra en cumplir con los estándares internacionales y abordar los riesgos específicos relacionados con su contexto y sus instituciones financieras.
¿Cómo se regula la competencia y la libre competencia en el mercado paraguayo?
La Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia regula la competencia y prohíbe prácticas anticompetitivas en el mercado paraguayo.
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