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¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad y confidencialidad de los expedientes judiciales en Paraguay?
Para garantizar la seguridad y confidencialidad de los expedientes judiciales en Paraguay, se implementan medidas como la restricción del acceso solo a personal autorizado, el uso de sistemas de seguridad informática, y la protección de la información sensible. Además, se pueden utilizar versiones públicas o resumidas de expedientes en algunos casos.
¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de AML y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de AML y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Pueden los antecedentes judiciales ser eliminados o cancelados en Paraguay?
En Paraguay, existen procedimientos para la eliminación o cancelación de antecedentes judiciales en ciertas circunstancias, como la rehabilitación de condenas. Sin embargo, no todos los registros pueden ser eliminados y los requisitos varían según la legislación aplicable.
¿Qué delitos se consideran de alto impacto en Paraguay y tienen penas particularmente severas?
Los delitos considerados de alto impacto en Paraguay, como homicidios agravados, secuestros o narcotráfico, a menudo llevan penas especialmente severas debido a la gravedad de los crímenes.
¿Qué derechos tienen los reclusos en Paraguay, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica?
Los reclusos en Paraguay tienen derechos, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica adecuada. Las autoridades penitenciarias deben garantizar el respeto de estos derechos dentro de las instalaciones carcelarias.
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